EVALUACIÓN DEL CURSO: ¡HASTA LA CONCERTADA COINCIDE CON LOS SINDICATOS!

Tras la publicación ayer viernes de la Orden del Ministerio de Educación y Formación Profesional, que establece las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, son varios los sindicatos que han levantado su voz, cuestionando la legalidad de las medidas que permiten promocionar y titular este vigente curso sin tener en cuenta el número de asignaturas suspensas.

Desde ANPE opinan que estas medidas  «ni están consensuadas ni respetan el marco jurídico vigente» y «atenta también contra la autonomía organizativa de los centros, contra la libertad de cátedra del profesorado y de los equipos docentes y, por supuesto, afecta al principio de igualdad de oportunidades de todo el alumnado».

CSIF, por su parte, considera que la Orden ministerial «puede dar lugar a una grave situación de desigualdad» y afirma que «contraviene la Ley Orgánica, que marca un número máximo de materias suspensas para poder promocionar y titular», y recuerda que es el Estado, y no las comunidades, quien «ostenta competencias exclusivas en la promoción y titulación del alumnado».

«Es prioritario que los criterios sean iguales para toda España y se fijen de una manera objetiva para todo el profesorado», añaden desde CSIF, que critica el hecho de que se deje «toda la responsabilidad al profesorado, aumentando la presión social hacia ellos», a la hora de decidir qué alumnos pasarán de curso.

Por su parte, USO sostiene que «la promoción de curso generalizada supone en la práctica también un aprobado general, algo que rechaza una parte significativa del profesorado», y advierte que la medida afectará de forma especial a los estudiantes que titulen Bachillerato «pues las calificaciones cuentan significativamente para la nota de acceso a la universidad y determinará en muchos casos la elección de los estudios superiores».

Además, y por si fuera poco, a ellos se ha sumado también la patronal de centros concertados Escuelas Católicas, que, en el mismo sentido, tilda la Orden como «contraria a la ley vigente y a la propia Constitución» porque «delega competencias» a las comunidades que son propias del Estado y «genera graves diferencias territoriales» y recuerda que la ley orgánica vigente establece que «no se podrá pasar de curso con más de tres materias pendientes en ESO o de dos en Bachillerato; y no se obtendrá el título de Bachiller sin haber aprobado todas las áreas». «Asimismo, según establece nuestra Constitución, corresponde exclusivamente al Estado fijar los requisitos para la obtención de títulos académicos oficiales; no es una materia delegable, ni tampoco es susceptible de modificación por la normativa dictada en el marco del estado de alarma».

La patronal se muestra partidaria de que el tercer trimestre del curso «tenga una evaluación en general positiva, pero con una clara finalidad de refuerzo o mejora de nota que permita premiar el trabajo en casa de los alumnos».

Sin embargo, reclama que a la hora de evaluar este curso se apliquen «en todo el Estado» los criterios de promoción y titulación contenidos en la ley orgánica «tal y como señala la Constitución».

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